Comunicado de Prensa

A los medios de comunicación y público en general, se les informa, que en relación a diferentes notas periodísticas que han circulado sobre proyectos de ley relacionados con el Sistema de Emergencias 9-1-1, lo siguiente:

No existen deudas pendientes del Sistema de Emergencias 9-1-1 con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

  • Respecto a la referencia a “desordenes administrativos y financieros” en el Sistema de Emergencias 9-1-1, se desconoce la fuente de dicha información.  Se aclara que no existe un   desorden como se ha mencionado, se labora con toda normalidad, en cumplimiento de las leyes y normas que la función pública establece.
  • El financiamiento actual, corresponde al 1% como tope de la facturación de servicios de telefonía (voz), el consumo de ese servicio viene disminuyendo, mostrando un efecto de sustitución producto de nuevas tecnologías basadas en datos, dado el uso de aplicaciones tales como WhatsApp y Skype, por ejemplo, con lo cual, el consumo de minutos de voz fijo y móvil ha experimentado cambios en los patrones de consumo, que han impactado los ingresos de la tasa que financia el 9-1-1, por lo cual se requiere una reforma a la Ley No.7566 de creación del Sistema de Emergencias 9-1-1.
  • El Sistema de Emergencias 9-1-1 ha promocionado y apoya la reforma puntual a la ley  presentada por diputados de varias fracciones (Expediente N°20539), que actualiza el término “telefonía” por “servicios de telecomunicaciones disponibles al público” manteniendo invariables los otros elementos de la ley, para asegurar la sostenibilidad financiera de la Institución,  lo que resolverá las limitaciones presupuestarias y  permitirá mantener los altos estándares de calidad con los que se opera.
  • La atención y despacho de las llamadas al servicio 9-1-1 se brinda conforme a los requerimientos de la población, no se está en un escenario de desatención del servicio y el riesgo financiero a futuro se vería mitigado con la aprobación de la reforma.  
  • El déficit presupuestario que en los últimos años se ha registrado, ha inhibido la evolución tecnológica de nuevos servicios, aplicaciones y la atención de poblaciones especiales, pero en ningún momento se ha puesto en riesgo la atención de las llamadas de emergencia.

 

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